CA presenta una alegación a los presupuestos de la Mancomunidad

• “Los vecinos seguimos indefensos ante la empresa concesionaria del servicio de aguas”, afirma Juan Carlos Benavides
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Convergencia Andaluza ha presentado una alegación a los presupuestos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical del año 2020 para que se realice una auditoría integral de la gestión de Aguas y Servicios, desde el inicio del contrato en el año 1995 hasta el día de hoy.

En su alegación, los andalucistas piden que se haga especial hincapié en el análisis del cumplimiento de una serie de parámetros, en concreto:

– La correcta aplicación de los diferentes cánones y cuotas.
– El cálculo realizado para la revisión de las tarifas.
– Los ingresos que obtiene la empresa por trabajos realizados fuera de lo que constituye la prestación del servicio. Concepto, cantidad y comprobación de que se aplican a la cuenta de resultados en la que se basa el estudio para la revisión de las tarifas.
– Comprobación de la existencia de contabilidades diferentes para la prestación del servicio y para la ejecución de obras financiadas con cargo al término B y S.
– Grado de ejecución del programa de inversiones que presupuestan anualmente y que constituye parte fundamental del expediente para la revisión de tarifas.
– Cuantificación económica del recargo que se obtiene por la demora en el pago de las facturas de los usuarios.
– Incremento real del número de usuarios por municipios.
– Análisis del cociente I/G a lo largo de toda la concesión.

Para el portavoz de CA, Juan Carlos Benavides, “es imprescindible la realización de la auditoría debido a las constantes dificultades de la Mancomunidad para controlar y fiscalizar el servicio realizado por Aguas y Servicios. Unas irregularidades puestas de manifiesto en los resultados provisionales de la auditoría realizada por la empresa Iberaudit Kreston Graudi, referida a los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013. Resultados provisionales que, cinco años después y rebasado ampliamente el plazo establecido para ello, siguen sin conocerse los resultados definitivos de la empresa auditora. Es por ello que, para darle el máximo de garantías a la relación contractual entre Mancomunidad y Aguas y Servicios, y defender los derechos de los usuarios, consideramos imprescindible que por la Mancomunidad se proceda a la contratación de una nueva auditoría que abarque el conjunto de la gestión, desde el inicio del contrato en diciembre de 1995 hasta la actualidad”.
Secretaría de Comunicación.

ADJUNTAMOS EL TEXTO DE LA ALEGACIÓN DE CA:
ALEGACIÓN A LA APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL, EJERCICIO ECONÓMICO 2020.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El Boletín Oficial de la Provincia de Granada nº 231 de fecha 3 de diciembre de 2019 ha publicado la aprobación inicial del Presupuesto General que ha de regir el ejercicio económico de 2020 de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, así como sus Bases de Ejecución y demás documentos complementarios legalmente establecidos. Unos documentos aprobados por la Junta General extraordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2019.
En dicha publicación se establece un plazo de quince días hábiles para que las personas que se consideren legitimadas puedan presentar alegaciones o reclamaciones al mismo. En ese sentido, como representantes políticos de los ciudadanos de la Costa Tropical en esta Mancomunidad, presentamos esta alegación.
Con fecha 28 de diciembre de 1995 la Mancomunidad de Municipios formalizó contrato para la gestión del servicio de Abastecimiento, Saneamiento y Depuración con la empresa Aguas y Servicios que, de forma inicial, estaría vigente hasta el año 2021.
Sin embargo, el contrato fue objeto de ampliación de la concesión, a propuesta del gobierno popular del Sr. García Fuentes, mediante acuerdo de la Junta General de Mancomunidad de 20 de diciembre de 2013. Y ello a pesar del voto en contra del entonces grupo Andalucista de la Mancomunidad. Considerábamos, y lo mantenemos, que dicha ampliación fue realizada en claro fraude de Ley, al vulnerarse la normativa legal, tanto la referida a la Ley de Contratos del Sector Público, con la incorporación de cláusulas abusivas en la modificación del contrato, como con la inexistencia del preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Una ampliación concesional que era lesivo al interés público.
Desde el inicio del contrato en 1995, han sido constantes las dificultades de la Mancomunidad de Municipios para controlar y fiscalizar el servicio, lo que motivó la contratación de una auditoría externa en el año 2012, para la verificación del cumplimiento de la concesión durante los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013.
Una auditoría realizada por la empresa IBERAUDIT KRESTON GRAUDI, S.L.P, cuyos resultados provisionales pusieron en evidencia un cúmulo de irregularidades:
Errores en los registros contables, posibles irregularidades en el sistema de registro de operaciones general, haciendo referencia a un “sistema de partida doble”…, afirmando el informe de la auditoría que “si se considera el resultado de gestión, se observa que el que se previó en un primer momento en el Proyecto de Explotación es inferior al resultado que efectivamente se ha ido produciendo, originando un superávit a favor de la empresa concesionaria… Un superávit acumulado en la explotación del servicio respecto a la oferta presentada en el proyecto de explotación que asciende a 11.626.974 euros al 31 de diciembre de 2013”.
También se posicionaba la auditoría respecto a la legalidad de la prórroga acordada en septiembre de 2013: “Con la decisión de la Mancomunidad se podría haber vulnerado el principio general de la contratación pública que se refiere a la libre concurrencia…, haciendo así ilusoria la libre concurrencia en la contratación pública”. En línea con las tesis defendidas en su momento por nuestro grupo.
Un cúmulo de circunstancias e irregularidades detectadas, a las que hay que añadir lo establecido el contrato y los pliegos técnicos, referido al plazo de ejecución del estudio, inicialmente previstos para 3 años, pudiendo extenderse, incluidas eventuales prórrogas, por una máximo de 60 meses. Plazos ampliamente rebasados sin que, a día de hoy se haya presentado ante la Junta General de Mancomunidad informe definitivo de la empresa auditora.
En base a las irregularidades expuestas en los resultados provisionales de la auditoría, que no han sido corroboradas ni desmentidas de forma definitiva, y para darle el máximo de garantías a la relación contractual entre la Mancomunidad y la empresa Aguas y Servicios, así como de la buena práctica del servicio, creemos necesario que, por parte de la Mancomunidad de Municipios se proceda a la realización un análisis detallado del conjunto de la gestión del contrato, para conocer el resultado de la explotación y el retorno de la inversión, desde la formalización del mismo en diciembre de 1995 hasta el día de hoy. Una auditoría exhaustiva que ha de ser realizada por una empresa externa especializada, que fiscalice, a ser posible de forma permanente, todos los datos referidos a los parámetros I/G, y demás contabilidad general.
Y para garantizar la contratación reglamentaria por parte de la Mancomunidad, es imprescindible incluir en la propuesta de aprobación inicial del Presupuesto del Ejercicio 2020 una partida suficiente para tramitar la adjudicación a una empresa que realice una auditoría de la gestión de la empresa Aguas y Servicios desde su inicio hasta la actualidad.
En base a lo anteriormente expuesto, presentamos la siguiente
ALEGACIÓN:
1º.- Incluir en el Presupuesto Económico del Ejercicio 2020 una partida suficiente para tramitar la contratación y adjudicación a una empresa externa que realice una auditoría integral de la gestión de Aguas y Servicios, desde el inicio del contrato hasta el día de hoy, haciéndose especial hincapié en el análisis del cumplimiento de:
– La correcta aplicación de los diferentes cánones y cuotas.
– El cálculo realizado para la revisión de las tarifas.
– Los ingresos que obtiene la empresa por trabajos realizados fuera de lo que constituye la prestación del servicio. Concepto, cantidad y comprobación de que se aplican a la cuenta de resultados en la que se basa el estudio para la revisión de las tarifas.
– Comprobación de la existencia de contabilidades diferentes para la prestación del servicio y para la ejecución de obras financiadas con cargo al término B y S
– Grado de ejecución del programa de inversiones que presupuestan anualmente y que constituye parte fundamental del expediente para la revisión de tarifas
– Cuantificación económica del recargo que se obtiene por la demora en el pago de las facturas de los usuarios.
– Incremento real del número de usuarios por municipios.
– Análisis del cociente I/G a lo largo de toda la concesión.

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