Mercado Municipal

Concesionarios del mercado presentan denuncia en el Juzgado contra Trinidad Herrera

• La alcaldesa habría vulnerado la legalidad en el desalojo, los propios acuerdos municipales en cuanto a medidas de seguridad, y el Decreto del Estado de Alarma por el coronavirus
Manifestación por el cierre del Mercado Municipal el pasado 9 de marzo.
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El pasado 26 de marzo, varios concesionarios del mercado municipal han registrado una denuncia en el Juzgado contra Trinidad Herrera, alcaldesa de Almuñécar, “al considerar atropellados sus derechos en el procedimiento de desalojo del edificio realizado el 6 de marzo”.

En su denuncia, los afectados entienden que “se ha vulnerado la legalidad en el procedimiento, realizado sin los derechos y garantías legales vigentes, al haber sido desalojados o desahuciados sin la preceptiva resolución o auto del juzgado competente”.

Rechazan el plazo que el consistorio les ha dado para retirar los enseres y cámaras frigoríficas de los puestos, puesto que “incumple los propios acuerdos municipales y las medidas de protección y seguridad que los técnicos del servicio de arquitectura y urbanismo incluyen en sus informes sobre la adopción de medidas de protección y apuntalamiento una vez precintado el edificio, poniendo en grave peligro la integridad física y la vida de aquellas personas que accedan al interior del mercado”.

A la vez, ponen de manifiesto “el incumplimiento de las medidas incluidas en el Real Decreto de declaración del Estado de Alarma como consecuencia de la epidemia del coronavirus. Las medidas adoptadas en cuanto al confinamiento de las personas en sus domicilios, la paralización de los plazos administrativos y de las actividades económicas no esenciales, así como la adopción de medidas sanitarias extraordinarias de protección y prevención, han sido sistemáticamente ignoradas por la alcaldesa, vulnerando los procedimientos y la legislación vigente”.

Una denuncia formulada contra Trinidad Herrera Lorente, al entender que, de los hechos, “pudieran derivarse responsabilidades administrativas y penales”.

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