Agentes de la Policía Nacional han detenido en los pasados días a una mujer, de 74 años, sin antecedentes policiales anteriores a este hecho, a la que atribuyen la presunta autoría de simular la sustracción de su teléfono móvil, tras finalizar la investigación policial iniciada ante la denuncia de la mujer ante la Policía en la que manifestaba que había sido víctima de un tirón por parte de un individuo que le sustrajo al parecer el teléfono móvil que portaba en la mano.

Simuló ser víctima de un robo
Los hechos se desencadenaron cuando la mujer, que posteriormente resultaría detenida, se personó en Comisaría y denunció que cuando caminaba sola por una calle, un individuo de unos 20 años se le aproximó y le dio un tirón arrebatándole el teléfono móvil que portaba en la mano.

Simulación del delito
Iniciadas las comprobaciones por parte de los policías pertenecientes al Grupo de Delincuencia Urbana de la Comisaría de Distrito Centro encargados de investigar la denuncia, comprobaron que el hecho denunciado revestía caracteres de haber sido simulado, pudiendo determinar que los hechos podrían haber ocurrido de forma diferente a lo manifestado en la denuncia. En realidad lo había extraviado o sustraído cuando lo dejó sobre el mostrador de una tienda de fotocopias.

Verificados ciertos extremos de la investigación, y comprobando indicios de falsedad en los hechos motivadores de la denuncia presentada, los agentes procedieron a la detención de la mujer y a su posterior puesta a disposición judicial.

Protocolo establecido para reclamar los perjuicios ocasionados
Estas conductas suponen una distracción de las funciones de prevención y persecución del delito que tiene encomendada la Policía Nacional, además de un perjuicio para la sociedad y va en detrimento de las verdaderas victimas de hechos delictivos.

Debido al incremento en los últimos años de estos ilícitos penales la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental ha establecido un protocolo para reclamar los gastos ocasionados por los simuladores de hechos delictivos, que de media están alcanzando de 200 a 1000 Euros y que, cuando la autoridad judicial lo estima ajustado a derecho, son reclamados a los autores de estos hechos.