La Red Granadina por el Refugio y la Acogida hace una convocatoria a la ciudanía de Granada

Para denunciar la criminalización de la solidaridad

«Pedimos al Gobierno italiano que vuelva a abrir sus costas a quienes huyen de la muerte, como lo ha hecho hasta hace poco, salvando de la muerte a miles de personas»

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Primero fue Helena Maleno, la activista andaluza de la asociación “Caminando Fronteras”, que se encarga de notificar los naufragios que se producen en el Estrecho de Gibraltar. En mayo serán los tres bomberos sevillanos de la organización “Proem-Aid”, que arriesgaron su vida por salvar a quienes huyen de la violencia. A día de hoy, el buque de la organización “Proactiva Open Arms”, que rescataba a personas entre Italia y Libia y que se encuentra en la actualidad retenido por la fiscalía italiana. Todas estas personas están inmersas en procesos judiciales, acusadas de colaborar en redes de trata de personas. ¿Su delito? Rescatar a personas en alta mar.

En los tres casos hay un común denominador: La persecución de personas y organizaciones que buscan justicia y libertad para los migrantes refugiados. Este hostigamiento dirigido a los trabajadores humanitarios contribuye a empañar la imagen pública de quienes ejercen la solidaridad. Criminalizar a los trabajadores humanitarios deslegitima su labor y desanima a otros voluntarios a colaborar con ellos.

El Mediterráneo es el patíbulo donde el año pasado murieron más de 3000 personas, y en torno a 500 el presente año. Ni la Unión Europea ni del Gobierno Español hacen nada para paliar esta dramática situación. Frente a la ausencia de compromiso político, la solidaridad de personas y organizaciones es la única que responde a esta tragedia humana.

Personas y organizaciones se encuentran con una vergonzosa realidad: quienes más se implican salvando vidas, más sufren el acoso de los gobiernos. Se persigue la generosidad y la valentía. Se criminaliza la solidaridad.

Exigimos a la Unión Europea un cambio de las políticas migratorias y de asilo que priorice la defensa de los Derechos Humanos en las fronteras y así evitar que el Mediterráneo siga siendo la mayor fosa común del mundo.

Exigimos al gobierno de España que defienda a sus ciudadanos en las causas judiciales abiertas contra ellos.

 

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