viernes, 27 de noviembre de 2020

Más de un tercio de las personas con derecho al IMV viven en Andalucía

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Defensor IMV02
• Sandra García y Jesús Maeztu coinciden en reclamar la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con la Renta Mínima de Inserción
• La delegada del Gobierno estima que a la cifra actual de perceptores se sumarán 25.000 familias más una vez se resuelva la totalidad de los expedientes

La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se han reunido hoy para analizar los primeros cuatro meses de existencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación que en Andalucía alcanza a 46.000 hogares andaluces donde viven 150.000 personas, es decir, un tercio de los beneficiarios en toda España, donde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha reconocido esta prestación a más de 136.000 hogares.

Sandra García, que ha calificado esta prestación como “un hito más en los Derechos Sociales de nuestro país equiparable a la Dependencia, a las pensiones o el acceso a la sanidad universal”, ha explicado que en Andalucía se han recibido casi 260.000 expedientes válidos, de los que se han tramitado aproximadamente la mitad, siendo 46.000 aprobados y 54.000 denegados. Del resto pendiente de análisis, ha asegurado que “muchos serán expedientes resueltos favorablemente, por lo que la cifra de receptores irá creciendo de aquí a final de año”, lo que ha estimado en unos 25.000 más, si bien ha precisado que “en estos momentos es difícil concretarlo”.

Hasta el momento, en los cuatro primeros meses de existencia de la prestación, se han recibido más de un millón de solicitudes de Ingreso Mínimo Vital en España. No obstante, del total de peticiones que han llegado al INSS por los diferentes canales, más de 40.000 expedientes estaban duplicados o vacíos. Esa primera depuración sitúa los expedientes válidos en 975.000.

Sandra García ha anunciado que para agilizar la tramitación y “que las familias cuenten cuanto antes con este derecho”, la Administración General del Estado ha reforzado el número de funcionarios interinos en todas las subdelegaciones del Gobierno, con 236 trabajadores más en Andalucía pertenecientes a los cuerpos A2 y C1, “un refuerzo que permitirá aumentar el ritmo de resolución de los expedientes y dar respuesta a las familias que se encuentran a la espera”.

“Estamos hablando de una herramienta permanente para reducir los niveles de pobreza que con tan solo cuatro meses de existencia ha conseguido dar cobertura a 46.000 familias andaluzas, más de la mitad de los beneficiarios que tiene la Renta Mínima Andaluza de Inserción Social en casi tres años”, ha subrayado Sandra García, que ha defendido “que ambas prestaciones son compatibles”, un planteamiento que ha compartido el Defensor del Pueblo Andaluz, quien ha solicitado la coordinación de las administraciones “para conseguir que ninguna familia se quede sin cobertura de rentas mínimas y mecanismos de información para que la ciudadanía conozca estas prestaciones y el estado de la tramitación de las solicitudes”.

Maeztu ha considerado que es de una importancia “crucial” esta prestación para ayudar a las familias necesitadas y ha afirmado que el IMV no se aprueba para una circunstancia provisional como es una pandemia sanitaria, “que lo agrava todo”, sino que “tiene vocación de quedarse” para que la ciudadanía con necesidades no sufra carencias económicas.

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