Motril y Melilla apuestan por una línea regular que una ambas ciudades incluida en el contrato de Marina Mercante

• Nuevamente, la línea que une la dársena motrileña con la ciudad autónoma queda fuera del contrato marítimo de líneas de interés público
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El contrato marítimo para la gestión del servicio de las líneas de interés público Málaga- Melilla y Almería-Melilla, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 26 de diciembre, ha obtenido el “rechazo del Puerto de Motril porque la línea que une la dársena motrileña con la ciudad autónoma queda fuera nuevamente”. Las ayudas están valoradas aproximadamente en 11 millones de euros y van destinadas a las navieras que operen en los puertos de Málaga y Almería. Una vez conocido el anuncio, la dársena granadina decidió presentar un recurso pidiendo la suspensión cautelar del concurso hasta tanto no se incluya a Motril en las líneas subvencionadas.

Casi en paralelo, los presidentes de Motril y Melilla, José García Fuentes, y Víctor Gamero, respectivamente, han acordado “trabajar conjuntamente” para el mantenimiento de la línea regular de ferry con la ciudad autónoma.

“La conexión marítima entre ambos puertos, por su posición geográfica, es muy demanda por los melillenses para llegar a la península y una pieza clave para el desarrollo económico de las dos ciudades”, han coincidido en señalar García Fuentes y Gamero tras la reunión celebrada en Motril”. Por otra parte, se está gestionando una reunión con el Director General de la Marina Mercante, a la que acudirán ambos presidentes, y se han mantenido contactos con Puertos del Estado.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha valorado la “rápida respuesta” que se le ha dado al anuncio de este nuevo concurso, incluso desde los representantes políticos y empresariales de la provincia que se han manifestado dispuestos a “luchar conjuntamente”.

El concurso económico se rige por un decreto elaborado en el año 2007, cuando Motril aún no tenía líneas marítimas regulares, por lo que se pide su inclusión dentro de las líneas de interés general para el Estado.

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